ESTEBAN ORDÓÑEZ/HOPPES Nº9
Una madre mira a sus hijos adolescentes de reojo estimulada por la melodía taquicárdica del telediario. Puede apretar los codos contra el mantel de hule o percutir con fuerza la cucharilla del café. Las más disimuladas resoplan y las menos, se quejan de cara al televisor. “No puede ser”, “que se pudran dentro”, “para lo que va a servir”. En la pantalla, dos policías nacionales acompañan al acusado a los interiores del juzgado. A pocos metros otros miembros de los cuerpos de seguridad del Estado contienen los empujones de los ciudadanos que lanzan insultos y exigen castigos. La alocución del periodista interpreta el gesto del acusado. Las fórmulas se repiten: “actitud impasible”, “arrogancia”, “comportamiento insolente ante las acusaciones”… Estos calificativos, según los expertos en comunicación, diluyen el efecto del término presunto que los códigos éticos imponen a los profesionales de la información para mantener la presunción de inocencia. En este ambiente de sobremesa sería poco asimilable la afirmación del profesor de Criminología Clínica de la Universidad de Barcelona, Santiago Redondo: “La inmensa mayoría de las personas que han cometido delitos en todo el mundo vuelven a la vida social de un modo normalizado”. El informe sobre la valoración social de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor de la Universidad de La Laguna deja claro que “la focalización de los medios de comunicación en los casos más graves ha generado una considerable alarma social”. Sin embargo, es necesario, como aconseja el profesor Redondo, acercarse a la delincuencia con profundidad y con apoyo en la investigación.
Hoppes nº9 