Revista especializada en delincuencia

Corazón civilizado

In Cárceles, Delincuencia de menores on mayo 25, 2012 at 6:45 pm
César Ponce (Hoppes nº9)

Los escoltas sin ocupación sustituirán a Guardias Civiles en instituciones penitenciarias españolas. Se trata del segundo paso hacia la privatización penitenciaria tras la gestión de los centros de menores, alejados del modelo público.

“El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”, fue la misteriosa cita de Fiódor Dostoievski, cuyo significado real muchos han intentado interpretar. Quizá hablaba de privatización penitenciaria. De forma inminente los escoltas desocupados tendrán la responsabilidad de medir el grado de la civilización española, pues serán ellos parte del personal que tenga que tratar a los presos. “No se puede hablar de gestión privada, pero puede ser un punto de partida dentro de la ola de privatización que vive el país”, como apunta Enrique Sanz (Doctor en Derecho y especialista en temas de privatización penitenciaria).

La privatización de las prisiones saluda a España, de momento de lejos

La noticia se propagó taquigráficamente. La relación de los términos “privatización”, “prisiones” e “inminente” en un mismo titular desató la alarma de los que avistaron la llegada a las cárceles españolas del modelo estadounidense. Sin embargo cabe matizar las intenciones del Ministerio del Interior, que propone privatizar la seguridad exterior de prisiones y centros oficiales (sustituyendo a los agentes de la Guardia Civil por los más de tres mil escoltas que han perdido su trabajo paulatinamente desde que ETA anunciase el cese de las armas). Enrique Sanz avisa al respecto que no se propone un modelo privatizador, pero sí puede interpretarse como un primer paso, o un segundo tras la privatización de los centros de menores que sí supone una realidad mucho más contrastada. Quizá es por ello que los sindicatos y asociaciones afectadas han iniciado una reacción discordante: La asociación profesional Unión de Guardias Civiles (Unión GC) reclama que se respeten los derechos de los afectados y sus familias a elegir otras vacantes; La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se opone a la medida recordando que hay más de 1.200 guardias civiles realizando labores de fontanería, electricidad, pintura, etc. que perfectamente pueden paliar la falta de personal; Comisiones Obreras (CCOO) localiza un deseo irrefrenable de acabar con el estado del bienestar atacando un pilar esencial como es el de la seguridad. En este sentido el Dr. Sergio Cámara (Profesor de Derecho Penal de la UNIR) indica la necesidad de “especialización en los trabajadores que se encargan de la vigilancia y seguridad de los internos”, con el fin de “reducir al máximo posible los medios de coerción en pro de una mayor carga educativa y rehabilitadora”, concluyendo que los escoltas encargados de la protección de personas en riesgo de atentado no cumplen el perfil. Para una mejor recolocación María Acale (Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz) propone destinarles a la custodia de mujeres víctimas de la violencia de género, con el fin de contrarrestar el repunte de la problemática, aunque dejando en manos de los cuerpos del estado la investigación criminal.

El personal penitenciario satisface una función fundamental, como recuerda Enrique Sanz, aún asumiendo la limitación numérica (un funcionario por cada 150 internos en España). Ejemplo de ello fue el cierre de Carabanchel, de donde ningún interno quería marcharse porque a pesar de la antigüedad de la prisión y la precariedad, agradecían el contacto interpersonal que favorecía la función resocializadora. Se puede definir este fenómeno como una cuestión de moral, que también ejemplificó Ira Robbins (investigadora estadounidense) a través de la pérdida de confianza del interno al ver en el uniforme de un funcionario de prisiones un logo en lugar de “Administración Federal de Prisiones” o “Departamento de Penitenciarías del Estado”, que traducido al sistema penitenciario español viene a significar “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” o “Dirección General de la Policía y la Guardia Civil”.

La eficacia de la privatización penitenciaria es un debate confuso. Enrique Sanz lo define como “complejo y sectorial”, después de haber elaborado durante 25 años una tesis sobre el tema. Estudios optimistas hablan de un mejor manejo económico de las firmas privadas, sobre todo a la hora de crear nuevos centros a bajo costo, además de minimizar los retrasos burocráticos. Un centro de detención se construyó en Texas en 6 meses a un precio de 14.000 dólares por cama, y se estimó que a través del sector público la inversión hubiese alcanzado los 26.000 dólares en dos años y medio. Sin embargo esas investigaciones no son concluyentes para Enrique Sanz, de la opinión que es imposible obtener rentabilidad a partir de objetivos como la reeducación, la prevención o la socialización. Para Sergio Cámara la privatización no es más que “una huída hacia delante en una época de especial controversia social y económica”, opinión parecida a la de María Acale, defensora del modelo público que teme llegar a “una situación draconiana” si se acaban privatizando las cárceles.

La opción privada esconde intenciones turbias. Enrique Sanz entiende que existe “manipulación del derecho penal como instrumento político”, mientras Sergio Cámara habla de “creación de verdaderas redes de corrupción”. Ambos ilustran lo que consideran una perversión del sistema. Tras las primeras prisiones privadas (EEUU), muchos políticos que contaban con accionariado de empresas dedicadas a la privatización de prisiones cayeron en la sospecha, llegando a percibir mayor dinero por cada interno y día en reclusión (dos jueces admitieron haber recibido dinero por dictar largas sentencias). “No se puede ser legislador y accionista”, se queja Enrique Sanz. En otras ocasiones las propias entidades privadas fuerzan la situación para abrir nuevas oportunidades de mercado; Por ejemplo María Acale alarma de la lamentable condición de las personas privadas de libertad en las cárceles de El Salvador, “en absoluto abandono para ahora legitimar la privatización del sistema”. Aunque los ejemplos parezcan lejanos, Sergio Cámara avisa que comienzan a vislumbrarse en España problemas similares; Recientemente se han construido macrocentros con numerosas plazas para el internamiento de menores, en detrimento de la filosofía reinsertadota que debería primar. Lo que a priori deben ser entidades sin ánimo de lucro (según ley orgánica), acaban siendo verdaderos holdings empresariales penitenciarios. Así lo afirma Sergio Cámara en referencia a los centros de menores, que participan en un “proceso de retroalimentación financiera” que podría definirse como “ánimo de lucro indirecto”.

Aunque muestran su clara oposición al modelo privatizador y critican algunos aspectos actuales de la realidad penitenciaria española, tanto Enrique Sanz como Sergio Cámara suavizan su discurso general: “Ningún país se gasta tanto como España a efectos penitenciarios, alcanzando los 40 euros diarios por interno”, asegura Sanz. “El ámbito penitenciario español intenta satisfacer sus objetivos y realiza una gran labor”, añade Cámara. “Incluso se crearía un problema de alarma social si la población española supiera lo que se gasta el estado en los centros penitenciarios”, concluyen ambos.

Centros de menores pioneros

La privatización penitenciaria ya se encuentra establecida en España, aunque sea de modo indirecto a través de los centros de internamiento de menores. Tan sólo las CC.AA. de Cataluña, Extremadura y Ceuta mantienen la titularidad y gestión íntegramente pública de este coto privado destinado a la seguridad del menor. El 68,1% de los centros (110 en 2008) están gestionados por entidades privadas o colaboradoras, según datos del Boletín de estadística básica de medidas impuestas a los menores infractores del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Sergio Cámara además de profesor de Derecho Penal es especialista en el ámbito de la ejecución penal de los menores (su tesis doctoral “Internamiento de menores y Sistema penitenciario” fue premiada con el Premio Nacional Victoria Kent en materia penitenciaria). En su opinión el proceso privatizador de los centros de menores responde a la “desinformación acerca de esta clase de instituciones y al continuismo histórico del control privado del internamiento de menores que con excepción del antiguo Reformatorio de Alcalá de Henares, siempre ha estado en manos de organizaciones filantrópicas o religiosas de carácter asistencial”.

La eficacia de la gestión privada en los centros de menores no está probada. El estudio realizado durante 2002 por el Defensor del Pueblo no arroja demasiada luz sobre la comparativa entre costes de gestión pública y privada. Los datos son insuficientes y la información aportada por los centros, en algunos supuestos, es nula o sesgada, faltando las cifras de coste de muchos de ellos. Así lo asegura Sergio Cámara, al que también le preocupan los malos tratos a los internos por parte del personal de seguridad que trabaja en estas entidades privadas, hasta el punto que se plantea “si es verdaderamente positivo dejar en manos de cuerpos de seguridad privada la vigilancia de nuestros menores internos, por cuanto parece que el equipo de seguridad obedece en primer lugar las ordenes del empresario que lo contrata, mientras que el funcionario sirve al ciudadano velando por los intereses de protección pública”.

EEUU, Latinoamérica, Europa

El modelo de prisión privada nace en EEUU a raíz de una situación extrema en la lucha contra la criminalidad que en los años 80 invitó a tomar medidas desesperadas ante la necesidad de construir nuevas cárceles. Se vendió como una idea sencilla y atractiva políticamente, que mantuviera los mismos servicios a un menor costo y con menores impuestos. Desde entonces se ha iniciado un debate que los profesionales y académicos son incapaces de solventar. Los estudios e investigaciones no demuestran con fidelidad la eficacia de la gestión privada, lo que ha provocado que algunos centros se hayan vuelto a nacionalizar. Enrique Sanz califica las teóricas ventajas del prototipo privado como “pura especulación” y “pura propaganda”.

Estudio de Anne Larason sobre efectividad de prisiones privadas, de los pocos que existen

Tras EEUU, parece que algunos países de Latinoamérica ven amenazados sus sistemas penitenciarios por la ola de privatización. En Brasil y México han salido voces que se oponen a imitar el modelo estadounidense. El director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas (ILANUD), Matías Carranza, también rechazó públicamente la opción privada, considerando que a largo plazo puede agravar una situación ya de por sí bastante compleja. Enrique Sanz aporta un ejemplo de un consorcio de empresas españolas que fueron a licitación para gestionar una prisión peruana durante 25 años. El proyecto fracasó ante las exigencias de las empresas, “leoninas para un estado que va a perder la competencia durante tanto tiempo”.

En Europa aún no se ha llegado a una situación límite que legitime la gestión privada de las cárceles. Tan sólo a través de empresas privadas que se encargan de servicios auxiliares (cocina, economato…) o los casos de los centros de menores que sí han comenzado a ser una especie de conejillos de indias. Tan sólo Gran Bretaña, pionera en la administración privada, cuenta con cárceles que no dependen de la entidad pública, pero de dudosa eficacia; Hace unos años un reportaje encubierto realizado por el diario “The Guardian” demostró que los internos disponían de acceso a móviles o drogas, además de intimidar con asiduidad a los guardias encargados de la seguridad.

Canto en la prisión” define las cárceles como “sótanos oscuros donde surge el corazón”. Un corazón que según Dostoievski puede ser más o menos civilizado. Más o menos público. Más o menos privado.

Además en este número…

Las fugas de las cárceles, también en el siglo XXI / Escoltas obligados a reinventarse

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