Revista especializada en delincuencia

La paradoja criminológica

In Cárceles, Legislación on febrero 5, 2012 at 10:45 pm

La población reclusa en España aumenta como respuesta al descenso de los niveles de delincuencia

ESTEBAN ORDÓÑEZ/HOPPES Nº9

El pasado 25 de enero el nuevo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció la intención del ejecutivo de castigar la multirreincidencia en casos de faltas con prisión provisional e instaurar la ‘prisión permanente revisable’ para supuestos graves que hayan provocado una gran alarma social. Ante las réplicas de distintos grupos parlamentarios que le acusaban de instaurar la cadena perpetua, el ex-alcalde de Madrid se defendió arguyendo que el carácter revisable de esta pena favorecería la rehabilitación de los casos más difíciles. Josep Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro destacado del Grupo de Estudios de Política Criminal, opina que esta decisión desenfoca el problema: “La investigación científica apunta que el aumento de duración de las penas es contraproducente para la rehabilitación”. El ministro, sin embargo, no habló de la saturación de población reclusa, que prácticamente se ha sextuplicado desde 1998, ni de que esto ocurre mientras los niveles de delincuencia llevan dos décadas descendiendo. “A esta doble imagen la llamamos paradoja criminológica”, explica el director del Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), Iñaki Rivera.

El ejecutivo esgrime la alarma social como uno de los factores motivadores de la reforma. El informe del Observatorio de la Delincuencia Evolución de la Delincuencia en España, basado en encuestas de victimización, muestra que el 88% de los encuestados piensan que la delincuencia ha aumentado con fuerza en los últimos años. El responsable del proyecto y director en Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, José Luis Díez Ripollés, postula que la insistencia de los medios en los casos más graves y los índices de delitos “muy discutibles” transmitidos por el Ministerio del Interior han aumentado la preocupación ciudadana frente al delito.

Evolución de la población reclusa (INE)

Una política criminal distorsionada
En 2007 los directores de los institutos de criminología y sociedades científicas presentaron una queja al Ministerio del Interior arremetiendo contra la dudosa fiabilidad de las estadísticas oficiales de delincuencia. La decisión de European Sourcebook of Crime and Criminal Justice de eludir las estadísticas españolas corroboraba la preocupación. La publicación, que reúne los datos sobre criminalidad de los países europeos, sólo recogía las cifras globales españolas. “En el desglose, los datos de España aparecían en blanco porque no servían”, denuncia Díez Ripollés.
Antes de 2007, el Ministerio del Interior publicaba unas estadísticas completas, aunque eran defectuosas por la separación administrativa de Cataluña y su diferente cómputo de delitos. Sin embargo, “desde ese año los datos publicados son muy elementales y poco desglosados”, critica el director de IAIC. “Eso sí, cada seis meses aparece el ministro en el Parlamento con unas cifras que solo corresponden a unos pocos delitos agrupados de forma cuestionable. Si no enseñan la realidad, pueden vender las políticas públicas que quieran”, remata.
Pero el bloqueo informativo sobre la realidad de la delincuencia no se limita a los datos. Muchos institutos científicos e investigadores no han superado las trabas de la administración que, con la excusa de preservar los derechos de los internos, rechazaba las solicitudes para visitar los centros penitenciarios y entrevistar a presos y funcionarios. El Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH) sufrió este bloqueo. Su director, Iñaki Rivera, opina: “Esto demuestra la falta de transparencia de la cárcel. Algunas cosas tendrán que ocultar”.

Una cárcel en suspensión de derechos
El endurecimiento del sistema penal, apoyado en la alarma social, ha saturado las cárceles, según el sindicato de prisiones ACAIP casi todos los centros penitenciarios españoles duplican la plazas para las que fueron concebidos. Esto se une a las carencias de personal, agravadas por la falta de convocatoria de empleo público para prisiones, y a la escasez de formación de los mismos recursos humanos. Esta precariedad lleva, según Rivera, a que “la cárcel española funcione al margen de la ley”.

Evolución de la delincuencia a través de encuestas de victimización (Observatorio de la Delincuencia)

Los reos viven hacinados, lo que supone una vulneración del artículo 19 de la Ley General Penitenciaria: “Todos los internos se alojarán en celdas individuales”. La Declaración de Bangkok (2005), firmada por los miembros de Naciones Unidas, proponía una serie de respuestas a los problemas de prevención del delito y justicia penal. España firmó y se comprometió a hacer compatible la prevención del delito con los Derechos Humanos. Sin embargo, 7 años después, “la asistencia sanitaria no está cubierta de ninguna manera, contradice las indicaciones de la OMS; las cárceles están plagadas de enfermos físicos y mentales que deberían estar en un establecimiento hospitalario y no almacenados en una cárcel”, reclama Rivera. Por otro lado, el sistema penitenciario también incumple el derecho a un trabajo penitenciario remunerado que figura en el artículo 25.2 de la Constitución Española. “El trabajo es uno de los elementos más importantes para la llamada reinserción”, lamenta el director del OSPDH.

Prisión criminógena y penas alternativas
Según la investigación, estas condiciones profundizan la ya controvertida valoración de la cárcel como un elemento contraproducente para los infractores. El profesor Josep Cid, autor del estudio ¿Es la prisión criminógena?, recogió los efectos perjudiciales para la reinserción de las penas privativas de libertad: “Puede existir una influencia negativa indirecta. Estar en prisión puede suponer una ruptura con los vínculos sociales, familiares y laborales. La ausencia de estos niveles de relación son muchas veces la causa de la actitud delictiva y, al contrario, si se ven reforzados pueden acelerar el camino de la recuperación. Las penas alternativas no estigmatizan, no rompen esos lazos”.
Decenas de expertos, agrupados bajo el Manifiesto sobre el Sistema de Penas y su Ejecución (2004), se postulan a favor de la aplicación de este tipo de condenas. Las penas alternativas no suponen la entrada en prisión, sino la integración de la persona en la comunidad para que adopte unos patrones de conducta aptos; pretenden crear individuos válidos para la sociedad uniendo el discurso de las víctimas al de la reinserción.
Para el profesor de Criminología Clínica de la Universidad de Barcelona, Santiago Redondo, los centros penitenciarios deberían reservarse al castigo de los delitos más graves o para personas de alto riesgo. “Por ejemplo, la drogodependencia es uno de los problemas más arraigados en las prisiones. Está demostrado que, en determinados casos, favorecer la integración vigilada en la comunidad es el primer paso para el abandono de la adicción y sus efectos en la conducta delictiva”, señala. El profesor Redondo va más allá, en su opinión aproximadamente la mitad de los encarcelados de toda España podrían estar cumpliendo penas en libertad: “La rehabilitación sería más efectiva para los de fuera, y los internos recibirían mayor asistencia terapéutica y sanitaria”. A pesar de todo, por el momento, parece que las reformas propuestas por el nuevo gobierno desconocen que, como sugiere la Constitución, la recuperación de los delincuentes es un bien para toda la sociedad.

ARTÍCULOS DE CONTEXTUALIZACIÓN:

“Los puestos de trabajo deben adecuarse…”. Entrevista a Miguel Bernal (ACAIP).

Los beneficios políticos de las penas.

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