Revista especializada en delincuencia

Alarma social de sobremesa

In Legislación, Prevención on diciembre 28, 2011 at 10:28 pm
ESTEBAN ORDÓÑEZ/HOPPES Nº9

Una madre mira a sus hijos adolescentes de reojo estimulada por la melodía taquicárdica del telediario. Puede apretar los codos contra el mantel de hule o percutir con fuerza la cucharilla del café. Las más disimuladas resoplan y las menos, se quejan de cara al televisor. “No puede ser”, “que se pudran dentro”, “para lo que va a servir”. En la pantalla, dos policías nacionales acompañan al acusado a los interiores del juzgado. A pocos metros otros miembros de los cuerpos de seguridad del Estado contienen los empujones de los ciudadanos que lanzan insultos y exigen castigos. La alocución del periodista interpreta el gesto del acusado. Las fórmulas se repiten: “actitud impasible”, “arrogancia”, “comportamiento insolente ante las acusaciones”… Estos calificativos, según los expertos en comunicación, diluyen el efecto del término presunto que los códigos éticos imponen a los profesionales de la información para mantener la presunción de inocencia. En este ambiente de sobremesa sería poco asimilable la afirmación del profesor de Criminología Clínica de la Universidad de Barcelona, Santiago Redondo: “La inmensa mayoría de las personas que han cometido delitos en todo el mundo vuelven a la vida social de un modo normalizado”. El informe sobre la valoración social de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor de la Universidad de La Laguna deja claro que “la focalización de los medios de comunicación en los casos más graves ha generado una considerable alarma social”. Sin embargo, es necesario, como aconseja el profesor Redondo, acercarse a la delincuencia con profundidad y con apoyo en la investigación.

Vicente Garrido, miembro de la Comisión que elaboró la Ley del menor de 2000, corrobora que los medios dan testimonio de los delitos más graves: “El público piensa que se cometen muchos delitos de este tipo, cuando son excepciones. Podemos decir que los medios dan una imagen distorsionada de la Ley del menor”. El informe del la Universidad de La Laguna expone que existe una tendencia a pensar que la reincidencia es muy alta: “El 64,1% de los encuestados cree que la tasa de reincidencia es superior al 50%”. La desnaturalización de la percepción social no se limita a la naturaleza de los delitos o a la reincidencia. El hincapié informativo en que el historial delictivo del menor se borra al cumplir los 18 años extiende la sensación de impunidad ante la ley. Este no es sólo un problema de alarma social, también influye sobre la actividad infractora. En su informe sobre las causas de la delincuencia juvenil, el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Jose Miguel de la Rosa Cortina, asegura que en los atestados de detención de un menor es frecuente que sus primeras declaraciones giren en torno a esta impunidad. Es frecuente que aparezcan frases como: “Tened cuidado, no puede pasarme nada porque soy menor”.

El profesor Santiago Redondo es experto en Psicología de la Delincuencia/ Fuente: La Voz de Galicia

La ley blanda
Vicente Garrido, que colaboró en la elaboración de la Ley del menor y ha dirigido investigaciones sobre el tratamiento de la delincuencia juvenil, niega que la actual legislación conceda la impunidad a los jóvenes infractores: “Se encuentra en una situación media con respecto a las normativas europeas”. El experto en Psicología de la Delincuencia, Santiago Redondo, comparte la opinión, aunque añade que la regulación española es más dura que las europeas: “Hay medidas de educación, pero también de internamiento que pueden considerarse más duras. Debemos valorar que hablamos de jóvenes que están en formación y no pueden recibir un tratamiento adulto: es un consenso de las naciones desarrolladas que se basa en el Estado de Derecho”.
Sin embargo, las medidas previstas sirven de poco según el testimonio de una educadora social alicantina entrevistada por Hoppes nº9. Trabajó junto a los menores infractores en un centro de internamiento alicantino y ha preferido no dar su nombre: “Cuando se trata de menores, todo está muy controlado”. Los educadores sociales tratan cada día con los menores, incluso se crean vínculos de afecto. “En una ocasión, tras una pequeña disputa, un guardia de seguridad arrojó las llaves a mi mesa. Los menores que estaban en el aula se levantaron a defenderme”. Los centros de privación de libertad están muy estructurados y sus normas se basan en el reforzamiento o el castigo de las conductas. “Ellos toman el internamiento como un castigo, pero luego salen a la calle y su entorno sigue reforzando las conductas negativas. Es muy difícil que cambien”. Hay una línea mayoritaria cuando la fuente repasa las historias de sus ‘alumnos’: nacieron en familias desestructuradas, con una precaria situación social y con casos de consumo o tráfico de drogas. “Uno de ellos me contaba que a los tres años, casi recién quitados los pañales, ya estaba enseñado para esconderse cosas en el Carrefour“, asegura.

 

La educación como respuesta
Esta situación familiar, unida a otros factores sociales, suponen un factor de riesgo para el desarrollo de una conducta delictiva. En este sentido, Garrido observa un vacío que obstaculiza la detección precoz del problema y la intervención en menores de once a trece años: “Deberíamos contar con programas intensivos para menores de riesgo y evitar que lleguen a la edad penal (14 años según la Ley del menor) con una delincuencia seria”. Estos programas cubrirían el rendimiento escolar, las actividades de ocio y el apoyo a familias incompetentes para reconducir a sus hijos.
Para el profesor de la Universidad de Barcelona, más allá del internamiento y las medidas punitivas sólo existe una solución real: la educación.
Padres negligentes con una educación errática, amistades antisociales y el fracaso escolar son los factores sociológicos comunmente aceptados como marcadores de un comportamiento delincuencial. El arraigo de estas condiciones crea barreras en el individuo que lo incapacitan para asumir los valores de la comunidad. Por ello, Santiago Redondo incide en la necesidad de aplicar en mayor escala (ya se aplican en España) programas de entrenamiento cognitivo enraizados en el modelo canadiense Razonamiento y Rehabilitación. “Consiste en educar a los individuos para que abran su mente y consideren aspectos de la vida social que no habían considerado: prever consecuencias, caminar con los mocasines del otro e, incluso, elegir sus conductas de acuerdo a valores como la justicia o la ética”.
Redondo rechaza los cambios constantes de legislación y aboga por aplicar los recursos que las investigaciones han revelado efectivos. Incluso, va más allá y plantea que el internamiento no es siempre la solución. No teme que la práctica generalizada de estas técnicas generen alarma social por su aparente ligereza: “A los ciudadanos cuando hay interés y se le explican las cosas, saben entenderlas”.

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