Revista especializada en delincuencia

La puerta giratoria del Hospital Psiquiátrico Penitenciario

In Legislación, Psiquiatría penitenciaria on febrero 5, 2012 at 10:40 pm

La asistencia psiquiátrica preventiva evitaría gran parte de los delitos cometidos por personas con enfermedad mental

ESTEBAN ORDÓÑEZ/HOPPES Nº9

(La historia humana del reportaje es un caso-tipo que reúne varios supuestos personales del HPPA. El compromiso ético con los implicados nos impide citar nombres o casos concretos)

“Por lo menos nos cambiaron de sala”. Mientras esperaba a su hija, Rosario recordaba aquella tétrica habitación de visitas de la sección de mujeres del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (HPPA) que imponía sus muros desconchados como un paisaje de postguerra. Con esa misma rúbrica gris de batalla perdida, una depresión cuarteaba desde entonces las paredes de sus órganos. Fue inútil, piensa, que le viera pronto “las orejitas al lobo”, que solicitara plaza en centros de tratamiento de enfermedades mentales en los que le ofrecían una lista de espera de 7 años… Sin diagnóstico, no hay tratamiento y, según refiere el profesor Luis Fernando Barrios en su estudio El Suicidio en Instituciones Penitenciarias, en psiquiatría están reconocidas la lentitud y la dificultad de realizar un diagnóstico seguro. Esta es la contradicción denunciada desde la asociación de amigos y familiares de los internos en el HPPA. “Este centro tiene una puerta giratoria. Al no existir asistencia externa, se repiten las desgracias”, expone Maribel Llorca, miembro del Consejo Social del centro.

En su búsqueda de asistencia, Rosario únicamente consiguió que ingresaran a su hija en el Área de Psiquiatría del Hospital de San Juan el tiempo suficiente para atajar sus crisis. Con un brote de ironía entre las cejas, asegura que finalmente la justicia le prestó ayuda: “hasta que no sucedió aquello, nadie nos atendió”. Consciente de estás deficiencias, Cristina Íñigo, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Salud Mental en Prisiones (GSMP), critica la ausencia de estructuras intermedias que reciban a los pacientes cuando cumplan su estancia en el centro penitenciario. “No podemos pedir a las familias que se ocupen solas de enfermos que necesitan una asistencia especializada. Además, si un paciente está controlado y medicado, su probabilidad de delinquir no es mayor que la de cualquier ciudadano”, detalla Íñigo, que acumula más de veinte años de experiencia médica en el HPPA.

La ley olvidada
Para Íñigo el mayor problema es la falta de asistencia psiquiátrica especializada: “La irrupción del SIDA en los ochenta provocó una gran inyección económica y humana para su tratamiento. Actualmente, las enfermedades mentales, con mayor presencia de la patología dual (simultaneidad de adicción a las drogas y enfermedad mental), alcanzan cotas semejantes; pero la respuesta es ínfima”. No obstante, la causa de estas carencias no es la ausencia de legislación. La Ley General de Sanidad de 1986 (Ley 14.16) planteaba una reforma psiquiátrica que elevaría a España al nivel de los países europeos. El texto proponía la erradicación de los manicomios, esos centros que aparecían en el subconsciente colectivo como un agujero donde los enfermos se hacinaban anulados, narcotizados y con sus derechos bajo mínimos. Y se cumplió. Pero la ley establecía también la necesidad de equiparar la asistencia a la enfermedad mental a la de cualquier otra patología, y el desarrollo “de los servicios de rehabilitación y reinserción social” para una atención adecuada. “Esta ley ya ha cumplido 25 años y las familias con enfermos mentales siguen abandonadas”, valora la co-fundadora de AFAPI-HPPA, Maribel Llorca.

Pacientes del HPPA en una visita a la Casa Museo de Miguel Hernández (De FCMH)

Urgencias psiquiátricas sin psiquiatras
La legislación establece que los infractores con una enfermedad mental son inimputables y, en consecuencia, deben ser internados en un centro psiquiátrico especializado. España sólo cuenta con el HPPA y el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, con una capacidad mucho menor. En estas condiciones, alrededor de 19.000 enfermos mentales están encerrados en cárceles comunes donde la asistencia psiquiátrica se limita a una o dos consultas al mes ofrecidas por profesionales externos.
El pasado noviembre, condenaron al Estado por no prevenir el suicidio de un interno en la cárcel de Fontcalent. El preso sufría un trastorno límite de personalidad, se había autolesionado y anteriormente, en la prisión de Soto del Real, había estado incluido en el Programa de Prevención de Suicidios. “La valoración del riesgo de suicidio debería ser una evaluación clínica, se trata de una urgencia psiquiátrica y deberían abordarla profesionales especializados”, opina la coordinadora del GSMP. El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, Luis Fernando Barrios, critica: “En algunos periodos el incremento de suicidios ha tenido lugar en épocas de insuficiencia de personal especializado y, además, el análisis post-suicidio se ha centrado siempre en la búsqueda de responsabilidades, pero no en la carencia de medios”.

Derechos ante la adversidad
Ocurrió aquello. Esa desgracia que cambió a Rosario la concepción de la vida y le enseñó a no juzgar y la sumió en una depresión. Afrontó el internamiento de su hija en el Psiquiátrico Penitenciario asumiendo que su única opción era “ponerse las pilas y luchar por su familia”. “Muchos familiares necesitan asistencia psicológica para soportar este trago tan difícil y la asociación les ayuda a superarse y a pelear por los derechos de los internos. Se trata de nuestros amigos y familiares, y estamos construyendo una sociedad mejor para ellos. No hay nada más gratificante”, enfatiza Maribel Llorca, co-fundadora de AFAPI-HPPA. Esta asociación se creó con la motivación de subsanar las carencias y las vulneraciones de derechos de los internos, a los que consideran víctimas de un doble castigo: la indiferencia institucional y el encarcelamiento. Tradicionalmente, como observa Luis Fernando Barrios, en los establecimientos psiquiátricos han existido elementos cuestionables: “Los pacientes pertenecen al colectivo marginado de los reclusos, dentro del supracolectivo de enfermos mentales, también marginado y estigmatizado”. Esto ha afectado a muchos de sus derechos. “No existe un marco jurídico específico para estos pacientes y la estructura organizativa de los psiquiátricos penitenciarios era más propia de las prisiones comunes”, resume. El cambio de un régimen carcelario a otro de tipo sanitario es, justamente, uno de los logros más valorados por AFAPI. “La actual directiva acabó con ese sistema carcelario y siempre ha prestado atención a nuestras quejas”, celebra Llorca.
Barrios critica, además, la falta de formación del personal de los psiquiátricos penitenciarios, aunque agradece que “la inmensa mayoría de profesionales involucrados actúen con sentido común y humanidad en el trato”. Así lo reconoce Cristina Íñigo que, tras más de 20 años de experiencia en el HPPA, asegura: “La escasez de recursos se ha combatido con la entrega de los trabajadores. Luchamos para que la sanidad penitenciaria sea igual que la disfrutada por cualquier ciudadano en la calle”. Confiesa, por otro lado, que la falta de personal dificulta la aplicación eficiente de nuevos programas y terapias. No obstante, la solidaridad de ONG’s como Girasol Levante, que ofrece su voluntariado y sus terapias, compensa el abandono de las instituciones. Junto con ellas, la nueva dirección del centro ha impulsado talleres de cerámica, pintura, moda, terapia con animales o, incluso, un curso de canto coral que llevó a los pacientes a actuar en la Catedral de Santiago de Compostela. Los internos reaccionan con ilusión y motivación ante estas actividades, de hecho según el actual director del centro, José Demetrio Monterde, los partes de incidencia han descendido de manera ostensible. Este apoyo social interno es uno de los pilares fundamentales para la recuperación, junto a la ayuda familiar, el control del tratamiento y el abandono de la adicción a las drogas. “Harían falta más estructuras para fomentar estas actuaciones”, reivindica la coordinadora del GSMP.
Rosario deja su taza de té sobre la mesa, levanta una mirada decaída e insiste: “Sufren dos castigos, el de su enfermedad y el encierro. La mayoría de delitos se podrían haber prevenido. A una joven la encerraron tras atacar a su padre y, después de bastante tiempo de terapia, advirtieron que la violaba sistemáticamente”. Quizás una atención a tiempo hubiera expulsado esos fantasmas que la llevaron a la locura, pero la ley 14.86 seguía en suspenso, y terminó atravesando la puerta giratoria.

ARTÍCULOS DE CONTEXTUALIZACIÓN:

“Cualquier persona que se autolesiona…”. Entrevista a Karina Jiménez.

“Los pacientes disfrutan ayudando…”. Entrevista a Francisco Lerín (Girasol Levante)

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